En
el Día de los Derecho Humanos, desde Save the Children denunciamos que
no existen mecanismos adecuados para garantizar los derechos de los
niños en los tribunales españoles, especialmente el derecho a ser
escuchados e informados.
10/12/2012.
Organizaciones internacionales como el Consejo de Europa o el Cómité
sobre los derechos del niño de la OUN tienen pautas y normas para que se
protejan los derechos de los niños que acceden a la justicia que no se
cumplen en España.
No es que no se estén cumpliendo los
derechos de los niños, pero tampoco es que se estén violando, es que
sencillamente no hay, son inexistentes. (Testimonio de Cristina, 17 años)
La
Administración de justicia en España no está adaptada a las necesidades
de los niños. A la luz de las normas internacionales de derechos
humanos y de los estándares internacionales en materia de justicia e
infancia, la justicia española suspende el examen sobre el respeto y
garantía de los derechos de los niños y las niñas.
Los niños y
las niñas necesitan acudir o se enfrentan al sistema de justicia por
diferentes razones y circunstancias personales y legales. El acceso a la
justicia de los niños y las niñas debería pasar por el respeto y la
garantía de sus derechos, pero no siempre es así. Demasiado a menudo hay
niños y niñas que se ven desprotegidos y en ocasiones expuestos a
violencia, en gran parte debido al desconocimiento de los derechos de la
infancia por parte de los operadores jurídicos, así como a la falta de
recursos especializados y adecuados para dar respuesta a situaciones
judiciales en las que intervienen niños, ya sea en condición de víctimas
o testigos de un delito, como infractores de la ley, en casos de crisis
matrimoniales o de desamparo o con respecto a las leyes de extranjería,
entre otras situaciones.
En nuestro informe
“Infancia y justicia: una cuestión de derechos”,
desde Save the Children alertamos de que en ocasiones se somete a los
niños a interrogatorios, declaraciones o exploraciones repetidas e
inadecuadas que les exponen a una dolorosa revictimización. Los niños no
siempre son tratados de acuerdo a su edad o estado de madurez, lo que
puede generar en ellos confusión, temor o incluso culpabilidad. El
derecho de los niños a ser debidamente escuchados durante los
procedimientos, tanto judiciales como administrativos, y en los procesos
en los que participan no se garantiza suficientemente y en muchos casos
no se respeta. Preocupan de manera especial las actuaciones de los
profesionales en las valoraciones psicológicas de los niños y las niñas.
“He
tenido que aguantar que una jueza literalmente me llamase "bicho raro"
por no querer estar con mi madre […] Por petición judicial he ido a
innumerables psicólogos y parecidos, y sí, te escuchan, pero luego hacen
lo que les da la gana, cuando te preguntan qué quieres, en realidad les
da igual, ya tienen la decisión tomada, no les influye en absoluto[…]
Hace no mucho tuve un juicio y cuando pregunté si podía hablar me
dijeron que no, que ya había hablado mi padre por mí […] Sé
perfectamente qué es lo primero que voy a hacer al cumplir los 18,
ponerme a llorar, porque será la primera vez que me podrán tomar en
serio, que si quiero que me escuchen lo van a hacer, por las buenas o
por las malas, no tengo por qué sentirme mal o sentir que no me
escuchan, o que no importo, por que en España parece que judicialmente
hablando es lo que significa […] No es que no se estén cumpliendo los
derechos de los niños, pero tampoco es que se estén violando, es que
sencillamente no hay, son inexistentes”. Es el testimonio de Cristina,
ahora tiene 17 años
En Save the Children hemos recibido numerosas
denuncias como la de Cristina y hemos detectado prácticas y actuaciones
en el ámbito judicial que suponen una negación de los derechos de los
niños y pueden considerarse violencia institucional.
“La
violencia institucional es una forma de violencia contra la infancia que
recoge Naciones Unidas en su Informe mundial sobre la violencia contra
los niños. Violencia es cualquier daño físico, mental o emocional
producido a un niño, por acción un omisión, en cualquier ámbito, también
en la justicia”, explica Yolanda Román, responsable de Incidencia
política de Save the Children.
Son necesarios más medios humanos,
materiales y legales para atender debidamente a los niños y a las niñas
en el ámbito judicial y garantizar sus derechos. En particular, urge
adecuar físicamente los espacios en los juzgados donde deben realizarse
las entrevistas y donde deben esperar los niños y las niñas, así como
disponer del material técnico y audiovisual que permita llevar a cabo la
participación del niño o la niña en los procesos sin tener que ver a su
agresor ni tener que prestar declaración en una sala llena de adultos
desconocidos.
Es igualmente urgente reforzar el número de
fiscales especializados, jueces y personal técnico y garantizar su
formación específica en derechos de infancia.
“En el contexto
económico y político actual en España, no resulta atractivo pedir una
mayor inversión en Justicia, pero es urgente hacerlo. El Ministro ha
anunciado una batería de reformas y medidas que afectarán profundamente
al funcionamiento de la justicia en España y que no pueden olvidar a los
niños, porque estarán aún más desprotegidos y maltratados”, dice Román.
Los motivos de preocupación pueden resumirse así:
• La falta de asesoramiento legal adecuado y accesible para los niños y las niñas.
•
La falta de medios, tanto materiales como humanos, para abordar con
todas las garantías la participación de los niños y las niñas en los
procedimientos judiciales y respetar su derecho a ser escuchados.
• La falta de mecanismos de supervisión y denuncia por la actuación de los operadores jurídicos.
En
nuestro informe realizamos una serie de recomendaciones al poder
legilastivo, ejecutivo y judicial para que doten de medios suficientes
al sistema de justicia de forma que se respeten y protejan los derechos
de todos los niños y niñas que acuden o se ven envueltos en algún
proceso judicial.
