Informe del Defensor del Pueblo Andaluz al Parlamento de Andalucía de 2005
… Pretender que nuestro país o nuestro sistema educativo van a permanecer ajenos a esas nuevas realidades sociales, nos parece un ejercicio de ingenuidad que no nos conduce a nada positivo. Si observamos a los países de nuestro entorno y vislumbramos el futuro con una cierta perspectiva, nos daremos cuenta de que no podemos seguir apostando por un único modelo educativo, concebido como algo exclusivo y excluyente que condena sin paliativos a la ilegalidad o incluso criminaliza a todo aquel que opta por modelos educativos alternativos.
En nuestra opinión es necesario abrir un debate social, especialmente en el seno de la comunidad educativa, en el que se analicen las nuevas realidades sociales y educativas y se vayan perfilando las claves para una nueva legislación que habrá de buscar cómo conjugar el derechos de las familias a decidir libremente el tipo de educación que quieren para sus hijos, con el deber de los poderes público de garantizar que cualquier modelo educativo que se elija respete íntegramente el derecho fundamen tal de los menores a acceder a una educación que tenga por objeto el pleno desarrollo de su personalidad u el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.”
